Por Dossier San Juan
Los familiares de las víctimas estallaron de bronca, por lo que el Director del Servicio Penitenciario debió explicar de qué trata el programa. En esta nota los detalles.
Se encendió la polémica en el ámbito delictivo y policíaco de San Juan, familiares de víctimas fatales estallaron de bronca y la indignación se adueñó de la situación. ¿Qué sucedió? El servicio penitenciario provincial lanzará una prueba piloto para reos con sanciones a perpetuidad, se trata del Programa de Capacitación Extramuros, que les permitirá salir a trabajar por primera vez desde la semana que viene y realizar tareas comunitarias, antes de cumplir los requisitos necesarios para recibir el beneficio de salidas transitorias.
Es por eso que los familiares de víctimas pegaron el grito en el cielo. Como fue el caso de Sandra Rojas, madre de Cristina Olivares, la mujer que fue asesinada de 163 puñaladas, quien se mostró indignada con la iniciativa que favorecerá a aquellos que cometieron graves delitos, entre ellos el femicida de su hija.
«Me enojo, me da rabia porque no piensan en las familias de las víctimas, a los que sufrimos una pérdida, hasta cuándo nos quieren hacer sufrir», sostuvo la mujer que adelantó que le pedirán explicaciones al juez del Juzgado de Ejecución Penal que dio lugar a la medida.
El director del Servicio Penitenciario, Adriel Fernández, explicó la metodología, de cómo se llevará a cabo y quienes son los que realizarán la prueba. Comenzarán con tres reos que llevan años con la máxima calificación de buena conducta posible, tienen informes favorables de todas las áreas (psicología y trabajo social) y no registran sanciones de ningún tipo.
Uno de los internos tiene 39 años y lleva casi dos décadas alojado en el Servicio Penitenciario. Autor de un homicidio, fue condenado a prisión perpetua, por lo que ha pasado las dos terceras partes de su vida tras las rejas y, hasta el momento, nunca salió de la unidad de detención de Chimbas. Otro de los presos presenta un caso similar: desde 2013 se encuentra en el Penal a raíz de una condena perpetua que recibió cuando tenía 22 años luego de cometer un asesinato. A ellos se les suma otro interno joven, de 27 años, y que desde hace ocho está detenido.
Debido a la polémica que se encendió, en especial con los familiares de las víctimas, el Director del Servicio Penitenciario tuvo que dar explicaciones para tratar de calmar las aguas. El funcionario dijo que «el interno privado de su libertad debe prepararse para volver a la sociedad». Además destacó que «unas 80 personas cumplen perpetua y una institución de la Iglesia Católica propuso la experiencia de capacitación». Y también manifestó que «estoy abierto a conversar con las familias de víctimas de delitos».
Cabe destacar que para que el programa pueda desarrollarse, fue clave el movimiento católico Camino a Emaús, que lidera el padre Eduardo Gutiérrez, quien fue capellán del Servicio Penitenciario y ha trabajado directamente con cada uno de los protagonistas. El movimiento tiene su sede en 9 de Julio y es el lugar donde los tres presos trabajarán dos días a la semana, martes y jueves, desde las 8 hasta las 18.
Consultado sobre la iniciativa, el padre Gutiérrez dijo que «la idea es que, si esto funciona, podamos incentivar a otros y ayudarlos en su reinserción laboral, sobre todo, a aquellos que han logrado un cambio porque, lamentablemente, hay otros que no lo logran». El sacerdote indicó que, para poner en marcha el taller, el cual será de metalurgia, tiene el compromiso de privados que aportarán insumos básicos para el trabajo. «El objetivo final es que los condenados puedan reparar el daño que hicieron y devolver algo a la sociedad», indicó Gutiérrez.
Si el plan cumple con el objetivo de que los reos puedan reinsertarse en la sociedad a través de tareas laborales, la idea es ampliarlo para que más castigados puedan desempeñar un empleo fuera de la cárcel. Incluso, Fernández indicó que existen unos 300 internos que son parte de los talleres de oficio y tienen buena conducta, mientras que, según datos oficiales, hay 58 personas alojadas en el Penal con penas perpetuas y que pueden ser parte del plan.
