Esta última semana fue icónica en esa pelea. Es que hubo dos juicios abreviados desestimados por los magistrados y una revocación de la prisión preventiva. Hay un gran enojo entre los fiscales. ¿Un fuerte mensaje de la Corte por el nuevo Sistema Acusatorio?
«Quieren inventar un enfrentamiento entre fiscales y jueces, no hay sistema sin los jueces, son los que resuelven. Todo lo que hace el Ministerio Público es llevarle elementos al juez para que resuelva. Este sistema está hecho para que los fiscales trabajen más que los jueces», dijo en una conferencia, en la mañana del jueves último, el Fiscal General de la Corte -o jefe de fiscales-, Eduardo Quattropani.
Más allá que el alto funcionario judicial lo desmienta, en Tribunales hay una clara puja entre los jueces (de todas las instancias) y los fiscales sanjuaninos. Y se puede demostrar con, al menos, tres causas concretas en el que ambos bandos tuvieron miradas completamente distintas y así se encargaron de fallar los jueces, dejando con un enorme enojo a los otros.
Desde que se implantó el nuevo Sistema Acusatorio Penal Adversarial en la justicia sanjuanina, en febrero de 2021, los fiscales pasaron a tener un rol verdaderamente protagónico. Es que pasaron a ser los funcionarios encargados de investigar los casos, recabar todas las pruebas, formular la imputación, pedir el tiempo de investigación que necesita y hasta pedir la elevación a juicio del caso. En síntesis, a impulsar el «proceso».
Anteriormente, esas tareas -o la mayoría- estaban encomendadas en el juez. El magistrado era quien investigaba el caso, reunía las pruebas e impulsaba el proceso penal. Desde febrero, su función pasó a ser casi secundaria: solamente escuchan las pruebas de ambas partes y resuelven. Es decir, y como su nombre lo indica, se dedican a «juzgar».
Como el sistema es sumamente nuevo, desde la Corte de Justicia de San Juan observan desde arriba cómo están trabajando los fiscales -casi todos sub-40- en su nueva labor. Y eso se contrapone con el tiempo que ahora tienen los jueces para estudiar las causas y fallar en consecuencia.
Eso causó una fuerte puja entre fiscales y jueces, ya que verdaderamente los magistrados están estudiando las causas más detenidamente y, en algunas ocasiones, fallando contrario a los intereses de los impulsores del proceso.
El caso más emblemático fue el que se dio el viernes pasado. La jueza de Garantías, Verónica Chicón, le había dado, a fines de junio, a un presunto abusador una prisión preventiva de 5 meses. Tras dos meses en el Penal, la defensa del acusado, Leonardo Villalba, pidió una audiencia extraordinaria para solicitar la excarcelación de su cliente.
Entre los argumentos, el letrado afirmaba que la investigación de los fiscales «estaba avanzada» y que no había posibilidad de entorpecer la investigación, ni de que se fugara el imputado. Por su parte, la fiscal Valentina Bucciarelli afirmó que, de ninguna manera, la investigación estaba avanzada, «recién estamos terminando una pericia a la víctima». Incluso, dijo que sí había posibilidad de entorpecer la investigación ya que la familia del imputado hostigaba en la vía pública a la familia de la víctima.
Pese a ello, la jueza decidió dar lugar al pedido de Villalba y benefició a su cliente con la prisión domiciliaria. Esto enfureció a la fiscal y así lo dejó entrever en notas que dio a los distintos medios locales. Entre otras cosas, dijo que hay pruebas suficientes que demuestran que es culpable y, más aún, que puede entorpecer la investigación. «Ese hombre no puede estar en su casa», expresó.
Otro caso fue el ocurrido el que trascendió el martes último. El juez de Garantías, Diego Sanz, desestimó un juicio abreviado al que tanto los abogados defensores como el fiscal habían acordado una pena de 2 años en suspenso. El magistrado dijo que el hecho directamente no era delito, tiró por tierra el acuerdo y decidió liberar al imputado. Es más, le llamó «severamente» la atención a los abogados defensores por su mal desempeño en esa defensa.
La última, y por la que quedó evidente la puja entre fiscales y jueces locales, fue la que ocurrió en la mañana del jueves último. Otra vez, un juez de Garantías. En este, el juez Federico Rodríguez versus el fiscal Adrián Riveros. El representante del Ministerio Público y la defensora, Filomena Noriega, habían propuesto una condena de 3 años de prisión efectiva para Roberto Carlos Pereira, el automovilista que embistió a un joven en Rivadavia, lo mató y se fugó. Sin embargo, el colegiado la desestimó y argumentó que el imputado no había comprendido del todo los términos del acuerdo, ya que no tenía claro si debía cumplir la pena en la cárcel o en su casa.
«Entiendo que hubo contradicciones en la declaración del imputado, ya que su defensa proponía que el cumplimiento de la condena fuera en su domicilio y la Fiscalía solicitaba que fuera en el Penal. No se ha dado lo estipulado para el juicio abreviado», sostuvo Rodríguez y agregó: «Es función de los jueces que el imputado tenga en claro todos los términos del acuerdo y el pedido de pena debe contar con la conformidad del mismo». Con estas palabras, desestimó el juicio abreviado.
Frente a esto, Riveros respondió que tuvieron un cuarto intermedio en la audiencia para que la defensora le explicara a su cliente el alcance del acuerdo, ya que debían aceptar que la condena fuera en el Servicio Penitenciario. Después de ello, adelantó que presentaría una queja en el Tribunal de Impugnación por el fallo y apuntó contra el juez. «Se está violando el derecho de defensa del imputado, es una falta grave, no se está respetando el principio de igualdad de arma», expresó.
Con estos tres ejemplos, se observa claramente la disputa que se está produciendo entre jueces y fiscales de San Juan. ¿Los motivos? No están claros. No se sabe si es una pelea para ver quién tiene más músculos o por otro motivo. Lo cierto es que, en el medio de esa pelea, está la sociedad por cuya seguridad y tranquilidad es por lo que deben velar.
