Por Dossier San Juan
El salpicado es el obispo Carlos María Domínguez. Fue quien presuntamente hizo una compra de un inmueble con una persona con capacidades mentales deficientes. Conocé los detalles.
«No codiciarás los bienes ajenos». Este es el décimo mandamiento de la Iglesia Católica. La codicia es el deseo extremo de conseguir bienes y hacer cualquier cosa para lograrlo. Por ello, este mandamiento prohíbe tener deseos exagerados de ser rico, a cualquier precio, cometer injusticias que lleven a apoderarse de los bienes de los demás.
Esta definición, claramente entra en consonancia con el escándalo, que se desató en la semana -y vaya paradoja-, con el Arzobispado de San Juan (máxima institución de la Iglesia Católica en San Juan) comprando de manera irregular -aparentemente- un inmueble.
El escándalo salió a la luz el pasado viernes, luego de que trascendiera que los hermanos Sergio y Rubén López Torrent denunciaran al Arzobispado por haber realizado una transacción por un inmueble con un vendedor que no puede valerse por sí mismo, ya que padece psicosis esquizofrénica y psicoafectiva crónica, lo cual estaría reflejado en certificados de médicos profesionales. La denuncia apunta contra el obispo Carlos María Domínguez (el de la foto) ya que sería quien dio la orden para realizar la compra. También, acusan a la escribanía que certificó la operación.
El caso se inició el 26 de diciembre de 2020, cuando el vendedor en cuestión -un anciano de 78 años- habría tenido un episodio violento con uno de sus hijos. Eso generó que iniciaran el trámite de internación judicial, el cual tuvo el visto bueno de la Jueza de Paz de Caucete, Luciana Salvá.
En ese momento, los hijos descubrieron que su padre había realizado una transacción con su casa. La jueza ordenó en enero que la escribanía informara sobre la operación y, recién en mayo, contestaron que el inmueble había sido vendido al Arzobispado, el 30 de diciembre de 2020, con la presencia de Domínguez.
Luego, los hijos habrían averiguado en el Registro Inmobiliario y se enteraron que la venta había sido por el monto de 1 millón de pesos, cuando los hijos sostienen que la propiedad cotiza en más de 10 millones de pesos, sumado a que afirman que el dinero no está en ningún lado. Al hacer la denuncia, los hijos del hombre de 78 años presentaron los certificados médicos de dos psiquiatras, que indican que padece de «psicosis esquizofrénica y psicoafectiva crónica», y también alegaron que la transacción se realizó «muy rápido».
Los hermanos López habían pedido una curatela ( es una institución civil de protección del patrimonio de las personas sin plena capacidad de obrar por sí mismas) desde meses antes de la compraventa del inmueble, por lo que esto permitiría anular la transacción ya que se realizó de mala fe. La causa quedó bajo investigación del juez del Tercer juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez.
Por su parte, el representante legal de la institución religiosa, el abogado Rubén Lloveras, expresó que «no sabían que la persona que había vendido tiene algún trastorno psicológico que habría repercutido en la venta» y agregó que de este escándalo «nos esteramos por los medios de comunicación».
Y al ser consultado sobre si estarían dispuesto a dar marcha atrás en la operación, Lloveras señaló que «si es como ellos dicen, no hay ningún inconveniente de dejar sin efecto el convenio». El abogado querellante, Leonardo Villalba, sostuvo que están todas las pruebas, e incluso se acreditó la incapacidad del vendedor, para dejar sin efecto la transacción.
Sobre la investigación, el fiscal Carlos Rodríguez ya le pidió a Adárvez la posibilidad de allanar el Arzobispado y la escribanía Celani -donde se hizo la operación- para secuestrar documentación de interés para la causa. Y adelantó que, más allá de que la compra quede nula, ambos podrían caer en el delito de estafa, cuyo castigo va de los 2 a los 6 años de prisión.
Más allá de la causa, que está en sus inicios, otra vez la Iglesia Católica en San Juan se ve envuelta en un escándalo que lo único que provocan es desentrañar a una institución que siempre se mostró como el ejemplo moral, pero terminó convirtiéndose en el ejemplo de lo que no se debe hacer.
Una vez más, y como casi todos los órganos de poder, demostraron que del discurso al hecho, hay un largo trecho. Que una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. ¿Cómo pretenden ganar adeptos, si con estos escándalos alientan a hacer lo contrario a lo que dicen? ¿Queda mucho para el ocaso de estas instituciones milenarias que únicamente acumularon poder codiciosamente, a lo largo de su historia?
