Por Dossier San Juan
Silenciaron durante días -y si hubiesen podido, para siempre- la causa por violencia contra un alto funcionario judicial. El ciudadano común no corre con la misma suerte.
La doble vara con la que se maneja la justicia sanjuanina volvió a tener un capítulo más esta semana que pasó. Es que trataron de silenciar una causa por violencia de género contra un alto funcionario judicial. Desafortunadamente, el ciudadano común -y como debería ser- no corre con la misma suerte.
Es contra Mario Héctor Parisí Flores, quien se desempeñaba en tres áreas importantes del fuero penal del Poder Judicial: Flagrancia, la Unidad Conclusiva de Causas y el Colegio de Magistrados del Sistema Acusatorio.
Para mayor detalles, en los medios locales trascendió que Parisí fue clave en el armado y puesta en escena del Procedimiento Especial de Flagrancia en San Juan. En ese fuero, su tarea es administrativa ejerciendo el cargo de Supervisor General, aunque también colabora jurídicamente y maneja las estadísticas de las causas que se tramitan, según expuso diario Tiempo de San Juan.
Por otro lado, la Corte de Justicia sanjuanino lo puso como responsable de la Unidad Conclusiva de Causas Correcionales y de Instrucción de la provincia. Su función, según explicó el medio local, es la de articular el trabajo de los empleados judiciales de esa unidad y los seis jueces destinados allí y suministrarles los medios materiales para la resolución de causas. Nuevamente, tiene una tarea administrativa, misma función que cumple en el Colegio de Magistrados dentro del Sistema Acusatorio. En este último, asiste en la parte operativa.
Sobre la denuncia, fue su propia ex pareja quien realizó la exposición policial en la UFI CAVIG. Sobre esa exposición, no hay muchos detalles. Sí una amiga de la mujer expresó que Parisí la molió a golpes, la dejó tirada y no puede ni caminar. Afirmó que le descubrieron que presentaba fractura de coxis y que, por ello, no podía movilizarse.
Esa denuncia fue radicada entre la noche del martes 23 y la madrugada del miércoles 24 de noviembre. Hubo varios intentos de la Justicia local de mantener la causa en silencio, pero lamentablemente para ellos por algún recoveco de la Justicia el caso salió a la luz y fue publicado en Diario de Cuyo, el viernes 26. Fuentes judiciales afirmaron que la sorpresa fue abrumadora ya que la intención era mantener la causa bajo siete llaves. De esa manera, se aseguraban la impunidad del funcionario.
A partir de allí, los funcionarios judiciales debieron improvisar la prosecución de la causa. El fiscal coordinador de la UFI CAVIG emitió un comunicado afirmando la existencia de la denuncia y que trabajarían en consecuencia, pero no aportó nada importante. El hombre seguía en libertad, no se libraba la orden de detención y por su poder dentro de la Justicia había una clara posibilidad de entorpecer la investigación o que se fugara de la provincia.
La orden de detención llegó recién el domingo último, cinco días después de la denuncia, cuando la presión mediática acechaba a los funcionarios judiciales a cargo de la investigación. Eso se supo en la mañana de ese domingo. En horas de la tarde, el propio Parisí decidió entregarse en la Central de Policía, junto a sus abogados defensores Fernando Castro y Nasser Uzair.
Lo dejaron detenido y lo llevaron a los calabozos de la Unidad Operativa Chimbas Sur, el lugar privilegiado y «reservado» para policías y funcionarios judiciales que son detenidos. Ya con la detención y los medios abordando el minuto a minuto, los fiscales comenzaron a actuar. Lo imputaron por «lesiones graves agravadas por el vínculo y amenazas agravadas por el uso de arma de blanca», pero lo dejaron en libertad y sin poder acercarse a su víctima.
El accionar judicial fue improvisado y a último momento, luego de que se sorprendieran con que la causa había salido de sus despachos y había llegado a oídos de los periodistas. En todo ese tiempo, Parisí hasta podría haberse ido del país, total ni siquiera emitían la orden de detención.
Conclusión: si bien es contrafáctico, pero ¿qué hubiese ocurrido si la causa no llegaba a los medios locales? ¿El funcionario judicial hubiese tenido el mismo proceso -el que corresponde- que recae sobre los ciudadanos comunes con problemas con la ley?
