Por Dossier San Juan
Así la denominaron en los medios correntinos. Se trata de Mónica Gabriela Almeida. Conocé las dos causas que tuvo y tiene –respectivamente- en San Juan y en Corrientes.
Los medios correntinos la dieron a conocer como la “D´Alessio correntina” porque fue allí donde le surgió el último escándalo. Sin embargo, al tratarse de una mujer nacida en San Juan, este medio la cambió por la “D´Alessio sanjuanina”. Además porque aquí tampoco estuvo exenta de las investigaciones judiciales.
Se trata de Mónica Gabriela Almeida, una mujer que, en San Juan, fue denunciada por dos conocidos abogados sanjuaninos (Mulet e Infante) por el delito de extorsión; y en Corrientes, lo hicieron por “falsa abogada”, delito que en el Código Penal se correlaciona con usurpación de títulos y honores.
Causa en San Juan
En su provincia natal, San Juan, Almeida fue denunciada por dos reconocidos letrados –Mulet e Infante- por, aparentemente, haberlos extorsionados: si no le daban $80.000, los iba a involucrar en la mega causa de expropiaciones, según constaba en la denuncia que le hicieron en diciembre de 2014.
Expropiaciones fue un escándalo que, hasta el día de hoy, da tela para cortar ya que se trató de una causa en la que un grupo de abogados, jueces y funcionarios saqueaban las arcas del Estado mediante causas de expropiaciones infladas fraudulentamente.
La mujer había sido secretaria del estudio jurídico de los socios Mulet e Infante. Incluso, tuvo relación de amistad con ambos y, según retrataron medios locales, hasta poseía acciones en el estudio. Sin embargo, decidió renunciar a su trabajo en 2008 y viajar a Corrientes para emprender una nueva vida.
Previo a ello, Almeida, Mulet e Infante estuvieron en la mira de la investigación por el escándalo de las expropiaciones por una razón muy sencilla: se sospechó que la podían haber usado para que figurara como titular del juicio por el que se condenó al Estado provincial a pagar 1.180.000 pesos ante las acciones legales del abogado Santiago Graffigna.
Almeida estaba involucrada por la causa Suraty –una de las tantas de expropiaciones-, donde ella dice que Graffigna la asesoró para que comprara un porcentaje de las acciones de un juicio por la expropiación de un terreno de la sociedad benéfica Señoras de San Vicente de Paul de la Merced que estaba en Rawson, donde se construyó el barrio Monseñor Orzali.
“Lo curioso es que la sociedad benéfica era asesorada legalmente por Gustavo Mulet. Y Graffigna puso a su amigo Miguel Suraty para que apareciera al frente del juicio, y, a su vez, asesoró a la secretaria de Mulet –Mónica Almeida- para que participara del negocio”, escribió en 2014 el diario Tiempo de San Juan.
Sin embargo, esa acusación nunca se pudo comprobar y, en 2014, Mulet e Infante decidieron denunciar a su exsecretaria por extorsión ya que si no les daba el dinero los iba a “mandar al frente” en la causa expropiaciones. La causa no prosperó y la
Causa en Corrientes
Siguió su vida en la ciudad de Paso de los Libres, en Corrientes. Allí, habría empezado a ejercer como docente hasta que terminaron descubriendo una maniobra que, de comprobarse fehacientemente, podría ser castigada duramente.
Supuestamente, Almeida comenzó a ejercer la abogacía sin tener, ni siquiera tramita, la matrícula habilitante. Incluso, esa teoría toma fuerza luego de que se fuera a vivir a un pueblo correntino aún más desolador como el de Esquina, donde no hay más de 10 abogados penalistas registrados.
Aparentemente, Almeida llegó al pueblo y empezó a tomar distintas causas penales. Comenzó a enviar excarcelaciones y la Justicia de esa localidad se las terminaba otorgando, sin siquiera verificar la matrícula que presentaba.
Es más, hasta representó a un grupo de trabajadores que, tras quebrar la empresa donde ejercían, decidieron armar una cooperativa. La eligieron a Almeida como la letrada que los asesoraría legalmente.
La mujer se presentó ante el Poder Legislativo para demostrar por qué era importante que el Estado los ayudara económicamente y así poder iniciar la recuperación de sus trabajos. Este caso tomó notoriedad pública y, por ende, también la abogada de la cooperativa. Además, se hizo conocida porque el Concejo Deliberante de Esquina le pidió que los asesorara en cuestiones relacionadas con el desarrollo sustentable y la contratación de la sociedad que formaron los obreros despedidos.
Tras esas audiencias ante los funcionarios esquineros, los abogados de esa ciudad se preguntaron quién era esa que llegó desde otra ciudad de la provincia de Corrientes a litigar en una jurisdicción relativamente pequeña y poco conflictiva.
Comenzaron a consultar a Colegios de Abogados de algunas ciudades correntinas y no aparecía en ninguna. Luego, desde el Colegio de Abogados de Esquina le solicitaron a un cliente de Almeida que mostrara la copia de uno de los escritos que había presentado en la Justicia.
Allí verificaron que utilizaba la matrícula de un abogado que aún ejercía, de apellido López Polli. Anoticiado, el letrado decidió radicar la denuncia. Probado que había un documento con datos falsos, pidieron la detención de Almeida en octubre pasado.
Estuvo detenida lo que restó de ese mes hasta que le otorgaron la libertad porque, según el juez de la causa, no había posibilidad de que entorpeciera la causa, ni de que se fugara. No le salió gratis, pagó una fianza de $100.000.
Continuando con la investigación, descubrieron que la “falsa abogada” había usado, en distintos escritos presentados, más de seis matrículas diferentes: de algunos letrados muertos y de otros vivos”. Estos elementos se sumaron como prueba a la causa que la tiene sospechada de usurpación de títulos.
Colegas correntinos afirmaron que, hasta el momento, existe una sola causa iniciada pero no descartan que con el correr de la investigación surjan unos nuevos. Por ejemplo, si confirman que realizó cobros dinerarios por sus servicios, podría configurarse una estafa.
Pese a ello, el caso aún está en su etapa investigativa y se están recolectando más pruebas. Pero lo grave es que en los juzgados donde presentaba escritos nunca le pidieron su matrícula antes de sellarlos.
Como dato de color para finalizar, ante el juez –según fuentes periodísticas de Corrientes- Almeida dijo que empezó sus estudios de Derecho en una universidad sanjuanina. Como decidió irse a Corrientes, las siguió y –aparentemente- las terminó a la distancia. Sin embargo, según comentaron las fuentes, dijo que no tramitó la matrícula “por falta de dinero”.
