Por Dossier San Juan
Pasando desde la Escuela de Enología, hasta el “Barrio Ferroviario”, son varios los casos en que las familias viven hace varios años en terrenos que pertenecen al estado. ¿Cuál es la situación actual?
La disputa de terrenos entre el estado sanjuanino y particulares, no es nueva. De vieja data es el problema de los terrenos de la Escuela de Enología, que mucha tela dejaron para cortar. Luego se hizo pública la disputa de los terrenos ubicados en el “Barrio Ferroviario” en Calle Las Heras entre Ignacio de la Roza y Av. Córdoba, y más reciente la justicia dio a conocer el debate por unos terrenos ubicados en calle Paula Albarracín de Sarmiento y Colombia, también en Capital, y también tiene a la Escuela de Enología cómo protagonista.
La disputa de los terrenos del “Barrio Ferroviario” comienza mínimamente hace poco más de un año y medio atrás, cuando Emilio Baistrocchi ganaba las elecciones como Intendente de la Capital. El funcionario anunció por aquel momento la construcción de un “Polo Gastronómico” en la zona, para unificar al Teatro del Bicentenario con el Centro Cívico, el Parque de Mayo y la ampliación del Parque que se está dando en el ex Predio Ferial, en la zona de 25 de Mayo y España.
La idea de Baistrocchi fue, y sigue siendo, realizar un tipo de “Ciudad Cívica” aprovechando los pulmones verdes de la zona y las modernas construcciones que los rodean. “Preservar el espacio histórico, generar un desarrollo económico en la zona, un nuevo centro de atracción turística y mejores posibilidades para todos” reza uno de los pasajes del proyecto que, todavía, no se puso en marcha. Según el plan elaborado por el gobierno municipal en aquel momento, se apuntaba a conseguir el consenso de los vecinos del lugar por medio de asambleas. Incluso, se habló de una posible expropiación y hasta un plan de emprendimiento público-privado, haciendo accionistas a los dueños de las casas.
Lo cierto es que las charlas con los vecinos comenzaron de manera formal, los terrenos de interés abarcan casi una cuadra, ya que en la esquina de Las Heras e Ignacio de la Roza se ubican las oficinas del ECO, que ya pertenecen al municipio. Lo que nunca imaginó la familia Castro, es que iba a llegar la policía a su domicilio con una orden de desalojo, cómo sucedió hace poco más de un mes atrás. “Supuestamente tenían una orden y no nos la querían mostrar. Nos decían que estaba firmada por un secretario del juzgado de faltas y el juez de faltas, identificándose a medias y sin dar nombres” expresó Mirna Castro en aquel momento. La mujer aseguró que vive en ese terreno desde hace más de 50 años, que le fue cedido a su padre cuando Ferrocarriles Argentina se privatizó y se fue de San Juan.
“Cuando Menem privatizó los ferrocarriles, la gente que trabajaba acá se quedó sin laburo, entonces se les adjudicó estas casas a los empleados. En el ’99 salió un decreto del Gobierno Provincial pidiendo que se escrituren los terrenos a esta gente y ese trámite tampoco se finalizó” aseguró el abogado de la familia castro. Por otro lado, desde el municipio aseguraron que existe un proyecto de puesta en valor turístico de la zona y tratan de acordar con las familias que viven en el sitio para poder llevarlo adelante. A la vez señalaron que de ninguna manera dispondrán de los espacios con gente viviendo en la zona. Todas las actuaciones son pura y exclusiva responsabilidad de la Justicia de Faltas. Por el momento, el tema quedó en análisis y en tratativas.
El otro caso que se hizo público en los últimos días, fue el de los terrenos de calle Paula Albarracín de Sarmiento y Colombia, también pertenecientes a la Escuela de Enología. La familia vive en el lugar desde 1962, pero al ser un bien del estado, deberá devolver los terrenos. Los motivos que dio la Jueza Adriana Tettamanti son irrefutables: la provincia acreditó que tiene el dominio del inmueble y el mero paso del tiempo no constituye derecho real alguno sobre el terreno, ya que, al ser un bien del dominio público, destinado a una institución educativa, no puede ser objeto de una posesión veinteañal.
Es por eso que a diferencia del caso anterior, ya se resolvió. La jueza resolvió que el grupo familiar que habita el predio, lo desocupe de inmediato. En los 1.200 metros cuadrados, están construidos cuatro viviendas y cuatro negocios. La justicia estableció un plazo de 30 días para que las personas desalojen el lugar, mientras tanto, el abogado de la familia confirmó que la decisión será discutida en Cámara de Apelaciones.
Cabe destacar que en octubre del 2020 la Fiscalía de estado que lidera Jorge Alvo presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo una acción de reivindicación contra Rosa García (dueña) y «cualquier ocupante del inmueble». Para despejar dudas, la Jueza Tettamanti afirmó que quien autorizó que se instalen en ese lugar fue la Asociación Cooperadora de la Escuela de Fruticultura y Enología, manejada por los padres de la institución, entidad que no era la titular del dominio, por lo que «jamás pudo transmitir derecho alguno a la familia García sobre el inmueble que ocupan.»
