DOSSIER SAN JUAN

Crónica de un final anunciado: los fiesteros VIP, impunes

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Por Dossier San Juan

Fue una fiesta en Santa Lucía a la que asistieron jóvenes con apellidos «importantes» en San Juan. Se realizó durante la pandemia, momento en el que estaban prohibidos los eventos sociales. Así y todo, la Justicia demuestra una vez más que hay Justicia para algunos.

Una vez más la Justicia demuestra que no existe justicia en San Juan o, al menos, que existe para algunos pero para otros no. Este es el caso de los fiesteros VIP, un grupo de más de 40 jóvenes sanjuaninos con apellidos «importantes» los que realizaron una fiesta en plena pandemia, momento en el que estaban prohibidos los eventos sociales.

La inacción judicial llevó a que pasaran dos años de aquel evento que tuvo como detenidos -y puestos a disposición de Flagrancia- a los 48 imputados por la mediáticamente llamada «Fiesta VIP» de Santa Lucía. Por ello, en una audiencia realizada el jueves último, los abogados pidieron la prescripción de la causa, el fiscal Ivan Grassi adhirió y el juez Eduardo Raed resolvió a favor de los imputados.

El tema radica en que no fue la única fiesta o evento social que se realizó durante la pandemia. Hubo otros eventos prohibidos por entonces cuyo implicados no tenían apellidos importantes y sí fueron juzgados a la brevedad, como suele hacerlo Flagrancia.

El enojo de la sociedad no tardó en llegar ya que nuevamente se ve sometida a una Justicia que responde para algunos, pero para otros prefiere quedarse en el molde. ¿Presiones de los papis de los implicaods? ¿Amistad de los actores judiciales con algunos de los implicados? Vaya uno a saber. Lo cierto es que quedaron limpitos, sin ninguna causa, cuando la realidad indicaba en aquel momento que debían recibir una condena como todos los fiesteros de la pandemia.

El que hizo la punta en dicha presentación fue el abogado Leonardo Villalba, el defensor de 25 de los imputados. Lo mismo hicieron otros letrados, afirmaron fuentes judiciales. Es que tanto el primero como los otros sostienen que la causa prescribió el 11 de septiembre de este mes. Entre ellos también están los que entienden que se venció el 18, día en la que algunos de los acusados declararon en la audiencia, explicó Marcelo Fernández, otro de los defensores.

Sea cual sea la fecha, ya transcurrieron más de 2 años desde que se inició la causa y, al no haber sentencia ni actos interruptivos de la prescripción, correspondería dar por cerrada o extinguida la causa penal, afirman esos abogados. Sucede que el delito que se les atribuye, violar el decreto que fijó el aislamiento social obligatorio por el COVID-19, tiene un castigo máximo de 2 años.

Una larga historia

Esta causa se remonta al 11 de septiembre de 2020 cuando la Policía allanó una propiedad del Barrio Privado Casa Grande, en Santa Lucía, donde decenas de personas bebían y bailaban. Hasta tenían un DJ, también secuestraron bebidas blancas y cervezas. Aquella vez detuvieron a 48 jóvenes, algunos hijos de reconocidas familias de la provincia, y se los puso a disposición de Flagrancia para juzgarlos por violar la restricción obligatoria.

En la mega audiencia realizada en el Teatro Municipal, muchos de los letrados plantearon la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba, es decir la probation, para evitar una condena. A cambio, propusieron pagar una suma de dinero en resarcimiento y trabajos comunitarios.

Los fiscales del caso, sin embargo, se opusieron argumentando que estaban frente a un delito que ponía en riesgo a la población y exponía a contagios masivos de Covid. Aquella vez, tampoco se llegó a un acuerdo para abreviar el juicio para que los imputados, al menos, recibieran condenas condicionales.

A partir de ese momento empezó la batalla judicial por parte de los abogados defensores, dado que el juez Eduardo Raed buscó continuar con el proceso. Los defensores presentaron recursos para insistir con la probation y luego los jueces de la Sala Segunda de la Cámara Penal rechazaron esa posibilidad. No conformes, los defensores recurrieron a la Corte de Justicia.

Competencia

Paralelamente, la abogada defensora Manuelita Moreno Ferrer se presentó ante el juez Leopoldo Rago Gallo, a cargo del Segundo Juzgado Federal, y pidió que interviniera en la causa en razón -así lo entendió- de que era de competencia federal. Ese magistrado se expresó al respecto y ratificó que todo debía resolverse en el fuero provincial.

La seguidilla de presentaciones continuó y apelaron ese fallo del juez Rago Gallo, por lo que intervino la Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en Mendoza. Este tribunal también coincidió en que la causa era de competencia del Poder Judicial de San Juan. Los defensores cuestionaron esa nueva resolución y posteriormente la Cámara Federal de Casación Penal revocó lo resuelto por los dos tribunales federales anteriores y sostuvo que la causa debía ser competencia de la Justicia Federal.

El caso volvió a la Corte de Justicia de San Juan y luego bajó al juez natural de la causa, Eduardo Raed, para que éste resolviera si era de competencia provincial, o no. El magistrado resistió lo dictaminado por la Cámara Federal de Casación Penal e insistió con que la jurisdicción pertenecía a la justicia provincial, en un capítulo más de espiral de nunca acabar

La Corte Suprema

Lo cierto es que, ante este conflicto de competencia entre un juez provincial y juez federal, el expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea ella la que resuelva quién debía intervenir. Esto fue a diciembre del año pasado, para entonces ya habían pasado más de un año del inicio de la causa. Los abogados defensores mientras tantos contaban los días sabiendo que se acercaba la prescripción de la causa.

La prescripción

Este 30 de agosto último, la Corte Suprema se expidió y sostuvo que el caso debía tramitarse en el ámbito de la Justicia local sanjuanina. La resolución sirvió para que esta semana, el abogado Villalba y otros letrados presentaran formalmente el pedido de prescripción de la causa en el juzgado de Flagrancia interviniente. Entienden que los plazos se vencieron y hasta el momento no se pudo probar la inocencia ni la culpabilidad de los imputados. Y como el delito de que se les atribuye a los jóvenes tiene una pena de 2 años, y ese tiempo ya se cumplió, la causa debe darse por extinguida.

Todo se resolvió este jueves. El juez Eduardo Raed fijó una audiencia en horas de la tarde y gran parte de los abogados defensores «no sabían» cuál es el motivo de la convocatoria, pero fueron con la idea de que se expida en relación al pedido de prescripción. Finalmente -y tristemente-, el proceso penal contra los 48 imputados quedó en la nada.

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