Por Charbel León Sefair
Que una modalidad sea antigua, no quiere decir que sea efectiva. Peralta cayó en la trampa, se lo acusa de coacción y atentado contra el orden público. Escucha los audios del escándalo.
Viejos y conocidos son los planes sociales, de igual manera es conocida la modalidad en la que muchos “punteros” los utilizan a su favor, manejando gente para distintas actividades y quedándose con un rédito económico de dichas asignaciones. Lejos está San Juan de quedar ajena a esta modalidad, se hizo público un caso, pero como él seguramente hay muchos más. Un dirigente social convocó a través de Whatsapp a una marcha para presionar a municipios, a cambio los manifestantes recibirían o mantendrían sus planes sociales.
El dirigente en cuestión es Abel Peralta, quién se encargó de pedirle a sus “seguidores” que concurrieran a una manifestación frente a la Municipalidad de 9 de Julio en busca de beneficios y mercadería. La protesta no estaba pactada para un día cualquiera, Peralta sabía el día y la hora exacta en la que llegaba mercadería al municipio, y sería justo en ese momento donde él y el resto de los manifestantes se concentrarían frente al edificio municipal.
Abel Peralta es el representante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTS), y de forma inmediata expresó su postura frente a la situación que le tocó vivir. “Esto es una persecución política por parte de esta persona que hizo viral todo esto, no está informado bien como trabajamos nosotros en la organización, él para hacer prensa empezó a largar cosas y hacerle creer a la gente de que nosotros trabajamos así y le sacamos plata a la gente, en esta organización no se le saca plata a la gente en nada, cobran lo que es el plan, porque es verdad, nosotros entregamos un plan, la agrupación le da una ayuda social a la persona” argumentó Peralta en “Compacto 13”. Aclaró que se refirió a “esta persona” a un periodista oriundo del departamento 9 de Julio que quiso ensuciarlo a él y al Movimiento.
A pesar de su defensa, a Peralta se le empezaron a complicar las cosas. En primer lugar, fue el Secretario de Gobierno del Municipio de 9 de Julio quién interpuso una denuncia penal contra el piquetero. El funcionario municipal aseguró que no es la primera vez que el dirigente social usa esa táctica de presión para movilizar personas beneficiarias de planes sociales. Se conoció también, que Peralta se había reunido antes en diferentes oportunidades con el Intendente de 9 de Julio, Gustavo Núñez, pero que el edil no accedió a brindar ningún tipo de beneficio porque no le parecía la forma de trabajar de Peralta y su agrupación.
Gustavo Núñez tampoco dudó en dar su opinión respecto al tema “Puse en conocimiento a los abogados del municipio para ver la posibilidad de hacer una denuncia. Estamos muy dolidos por esta situación, teníamos algún comentario de esto. Lo veía como algo superficial, que se decía, pero escucharlo de la voz de un dirigente. No lo puedo creer.” En ese sentido, Núñez confirmó que recibió a Peralta en su oficina, el día de la marcha “Cuando lo recibí pensé que iba a hablar de los audios, hasta esperé un pedido de disculpas o alguna explicación de parte de este hombre, pero no me dijo nada de eso, se limitó a presentar su reclamo.”
Finalmente, el caso recayó en la justicia, que hizo lugar a la denuncia realizada por el municipio. Iván Grassi, el fiscal a cargo de la causa declaró que “estamos analizando el contenido de esos mensajes que son de público conocimiento, como así también capturas que se ofrecieron de conversaciones de grupos de WhatsApp”, cabe destacar que La fiscalía tiene quince días, según el Código Procesal, para determinar si la denuncia da pie para una investigación contra Peralta.
Sin embargo, fuentes calificadas indicaron que el sospechoso quedó a pasos de ser acusado en una audiencia pública por graves delitos, como coacción (una especie de amenaza agravada) y un tipo de atentado contra el orden público. La conjugación de ambos delitos daría un cumplimiento de tres a ocho años de prisión, aunque la escala mínima permitiría un castigo en suspenso, no obstante se pondría en juego la gravedad del hecho. Si se comprobase que, por ejemplo, la amenaza tuvo como objetivo la obtención de una concesión por parte de un funcionario público, las penas se endurecen, ya que van de cinco a diez años de cárcel de cumplimiento efectivo.
Posiblemente este suceso sirva para sentar precedentes, para cambiar la forma de hacer política de algunos, que al parecer juegan con la desesperación de la gente, aprovechándose de los que menos tienen.
