Juan Pablo Ortega supo ser un funcionario que resaltó en nuestra «Justicia». Fue juez interino, pieza clave en la destitución de otro magistrado y ocupó cargos en otras áreas del Poder Judicial. Así también tuvo manejos polémicos y en menos de 1 año fue imputado en dos causas escandalosas.
Sin dudas, el premio al funcionario judicial más polémico de la Argentina se lo lleva el sanjuanino Juan Pablo Ortega. Es que pasó de ser un funcionario judicial a estar involucrado en dos causas realmente escandalosas que muestran el manejo familiar que existe en la «Justicia» sanjuanina.
Porque ese hombre que fue detenido el sábado último y que el lunes fue imputado de asociación ilícita, tráfico de influencia y otros delitos, es el mismo que llegó a ocupar el cargo de juez interino, coordinador en la Fiscalía General, Relator de la Corte de Justicia, director de la Escuela Judicial y asistente jurídico del Colegio de Jueces. El mismo también que se vio salpicado por las polémicas como la detención de otro magistrado, el proceso de destitución a otro juez y las acusaciones por su vinculación en un caso de violencia de género y ahora en el presunto armado de causas en la Justicia sanjuanina.
Ese es Juan Pablo Ortega, un hombre que entró al Poder Judicial de San Juan como escribiente y tuvo una carrera ascendente gracias a sus capacidades y sus buenos contactos. Se recibió de abogado mientras trabajaba en el Quinto Juzgado Correccional. Hay un video donde se ve a un juez y otros funcionarios cortándole el cabello y festejando dentro del propio juzgado. Más tarde fue llevado a la Fiscalía General, como coordinador.
Al tiempo pasó al Primer Juzgado Correccional, ya como secretario. Lo recuerdan porque fue quien el 16 de septiembre de 2018 ordenó el levantamiento del cadáver del no vidente Juan Ramón Escudero, en Santa Lucía, bajo la presunción de que se trataba de una muerte natural. A las horas descubrieron que era un asesinato: la víctima había sido empalada. Aquello desató la bronca en Tribunales por el mal proceder de los peritos y del personal del juzgado en una causa que luego tuvo que pasar al Cuarto Juzgado de Instrucción.
En 2019, Ortega fue nombrado juez interino en el Primero Juzgado Correccional y levantó polvaredas. Fue el que promovió la causa penal contra el comisario Gustavo Padilla, exjefe policial del depósito judicial que luego fue echado y condenado en 2021 por el robo de autos partes.
Este caso del 2019 también fue el disparador de la causa contra el juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción. Es que descubrieron que el comisario Padilla andaba en una camioneta –vinculada a una causa penal y en depósito- que le había sido entregada de forma irregular por el magistrado. La investigación que encabezó Ortega arrinconó a Flores, quien en agosto de 2020 decidió renunciar para evitar el Jury de enjuiciamiento.
Ortega fue el que una noche de julio de 2019, como juez interino del correccional, ordenó que detuvieran al juez comercial Javier Vázquez tras un accidente de tránsito en el Acceso Este. De hecho, ese otro magistrado pasó horas en un calabozo. Esa medida generó polémica y revuelo en Tribunales.
Tras dejar el cargo de juez interino, Juan Pablo Ortega siguió manteniendo el perfil alto: fue Relator de la Corte de Justicia de San Juan, después fue designado director y coordinador de la Escuela Judicial y asistente jurídico del Colegio de Jueces del Sistema Acusatorio. En el último tiempo estuvo en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Jáchal.
En diciembre del 2021 estalló el caso Mario Parisí, el otro asistente jurídico del Colegio de Jueces y ex coordinador de Flagrancia y de la Unidad Conclusiva de Causas. Fue por la presunta golpiza a su expareja. ¿Y quién apareció ahí?: Juan Pablo Ortega. Este terminó imputado de encubrimiento porque trató de convencer y torcer la voluntad de la víctima para que cambie su versión y de esa manera salvar a Parisí. La denunciante aseguró que le propuso prepararle la declaración.
En el medio hubo una perlita. Mientras afrontaba esa causa por violencia de género -en la que figuraba como presunto encubridor-, Juan Pablo Ortega participó en el lanzamiento de una diplomatura dictada por la Escuela Judicial y no se privó de mandar un saludo a las funcionarias y abogadas en el Dia Internacional de la Mujer. Lo cierto es que esa causa judicial por encubrimiento contra Ortega no prosperó y fue sobreseído por el sólo hecho de ser amigo íntimo del principal imputado.
Ahora, el último escándalo que envuelve a Juan Pablo Ortega es por el presunto armado de expedientes en la Unidad Conclusiva de Causas. Lo señalan como el cabecilla de una asociación ilícita en la que también participaba su esposa María Belén Ceferina Rodríguez y su supuesta amiga Claudia Elizondo -la prosecretaria y la secretaria, respectivamente, de esa juzgado residual- y la abogada Sandra Cozzi.
El funcionario estuvo preso dos días y este lunes fue liberado. Los fiscales Francisco Micheltorena y Adrián Riveros, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales, les atribuyen haber armado y direccionado una causa penal contra un hombre denunciado por abuso sexual, así como en otro expediente contra persona.
Ahora, en el expediente que hay en su contra figura un nuevo delito. No solamente contra Ortega, sino también contra su esposa, Belén Rodríguez, la funcionaria judicial Claudia Elizondo y la abogada Sandra Cozzi se pusieron de acuerdo para beneficiar a un hombre investigado por un delito sensible: un abuso sexual contra un menor. Según confirmaron fuentes calificadas, habría elementos suficientes para comprobar que entre ellos existió comunicación, incluidos mensajes de texto vía Whatsapp e intercambio de correo electrónico. En el caso de Ortega, su rol perfila a ser más grave ya que, para Fiscalía, quedó en evidencia que tenía conocimiento preciso del estado y avance de una causa de la que no tenía participación y no estaba habilitado para intervenir.
Con todo esto, no hay dudas que se trató de un funcionario más que abusa de su poder dentro de una estructura tan sensible y con tan poca credibilidad de la ciudadanía. Y claro, cómo pretenden aumentar su credibilidad si existen funcionarios de estas características los que, entre otras cosas, realmente creen que poseen una impunidad absoluta.
Fuente: Tiempo de San Juan.
