Por Dossier San Juan
Fiscalía ya tiene en su poder las pruebas que complican a la tía de la menor y a los empresarios imputados. ¿Qué ocultaban?
El Ministerio Público Fiscal comenzó a recibir las pruebas de las pericias a los celulares secuestrados en el caso de la adolescente de 14 años que fue prostituida por su tía. Se trata de los teléfonos de la mujer acusada, de los empresarios imputados, Fido Galván y Carlos Cassab, como así también de las víctimas, testigos y demás personas posiblemente involucradas.
La información extraída de los celulares, y otros dispositivos electrónicos como computadoras, será analizada para valorar la que pueda ser vinculada a la investigación. Desde la Fiscalía, aclararon que esto llevará mucho tiempo debido a que es una gran cantidad de material en crudo. En cuanto a las pruebas extraídas, se pudo recuperar información que había sido borrada.
Asimismo, se rescató material que estaba en nubes de las cuentas abiertas en los celulares. También explicaron que a partir de este peritaje puede agravarse la imputación a los involucrados, y a la vez no se descarta la posibilidad de que existan más víctimas y/o responsables. Cabe destacar que, el juez Matías Parrón dio un plazo de 6 meses para la investigación.
Es necesario recordar que, a comienzos de mes el empresario ‘Fido’ Galván fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial. Era el único acusado que aún se encontraba detenido en una comisaría ya que el otro empresario, Carlos Cassab goza de prisión domiciliaria mientras que la tía de la menor ya fue trasladada al Penal de Chimbas.
Galván está acusado de abuso sexual por haber mantenido más de un encuentro íntimo con la adolescente. Su abogada había solicitado la prisión domiciliaria considerando que está enfermo, deprimido y bajó de peso. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por el juez Matías Parrón. Diferente es la situación de Cassab que sí fue beneficiado con prisión domiciliaria.
Este último se encuentra en una casa de Ullum con custodia policial desde el 6 de abril por su avanzada edad y su estado de salud. Vale señalar que están acusados por el delito de promoción y facilitación de la prostitución infantil que prevé una pena de hasta 50 años de prisión. Se considera que existió el pago de dinero para llevar a cabo los encuentros sexuales.
Esto fue confesado por la propia menor en Cámara Gesell, quién confirmó que recibió el pago de $30.000 en los encuentros facilitados por su tía. Asimismo, salió a la luz que la mujer imputada le había ofrecido lo mismo a una amiga de la adolescente prostituida.
