Por Dossier San Juan
En uno estaba la familia del conocido gaucho Bence en sus 90 años. En el otro, era el cumpleaños de una policía y, entre sus invitados, había varios efectivos.
Durante la semana que pasó, se produjeron dos festejos que, a priori, parecían ser clandestinos. Sin embargo, ambos terminaron con resultados judiciales distintos: uno generó una enorme polémica hasta con intervención de Flagrancia, en el otro no se metió la Justicia. Incluso, ambos fueron en el mismo horario.
Se trata del cumpleaños número 90 de uno de los gauchos sanjuaninos más conocidos, llamado Jorge Darío Recabarren Paroli, más conocido como Darío Bence. El otro, era el festejo de un aniversario más de una efectivo policial de la Comisaría 13ª. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Por qué tuvieron resultados judiciales distintos?
Lo del gaucho aparcero sanjuanino fue una cena que comenzó en la noche del pasado lunes. El lugar, una reconocida parrillada de Santa Lucía. Pasadas la 1 ya del martes, un vecino se comunicó con el 911 y personal policial de la Comisaría Quinta debió acudir al lugar.
Al llegar, se encontraron con 24 personas, no estaban respetando el distanciamiento social, consumían bebidas alcohólicas y era un horario prohibido para las reuniones sociales, tanto en el exterior como en el interior de una vivienda.
A raíz de ello, decidieron comunicar el hecho al fuero de Flagrancia, cuyo fiscal entendió que sí encuadraba como una acción que estaba por fuera del DNU firmado por el presidente para evitar la propagación del virus COVID-19.
Por este hecho, se generaron algunos efectos colaterales. El primero fue el descargo del hijo, Javier Recabarren, quien dijo –entre otras cosas- que no se trataba de una familia de delincuentes y que sólo se habían extralimitado en el horario.
El segundo fue la renuncia de un funcionario del Ministerio de Turismo y Cultura, Lucas Pringles, quien participó del evento prohibido y, por ello, fue portada de todos los medios locales. El tercero fue que había un invitado, Marcelo Raúl Antuña, de 47 años, quien tenía un pedido de captura desde 2015 por la supuesta falsificación de documentos de un vehículo.
Pese a estos efectos colaterales, lo cierto es que los 24 invitados quedaron a disposición de los fueros de Flagrancia por incumplir con las medidas sanitarias para evitar el contagio de coronavirus. Serán juzgados en los próximos días.
El segundo hecho tuvo lugar en la finca Marín, ubicada por calle Alfonso XIII, casi intersección con Calle 6, en el Médano de Oro, en Rawson. Un vecino denunció que se estaba llevando a cabo un posible evento clandestino desde el mediodía hasta horas de la noche.
Cuando llegaron los policías de la divisón Delitos de la Policía de San Juan, en compañía del personal de la subcomisaría Médano de Oro, efectivamente se encontraron con una reunión social de más de 8 personas, que es lo permitido. Era el cumpleaños de la oficial ayudante Herrera, perteneciente a la Comisaría 13ª.
En total, eran 12 personas, algunos eran policías colegas de la cumpleañera. El jefe policial Calivar creyó que se trataba de un evento prohibido y decidió ponerlo en conocimiento con el fuero de Flagrancia. Llegó el ayudante fiscal Tomás García, consultó con el fiscal Iván Grassi y éste dictaminó que no encuadraba como un delito penal.
¿A qué se debe esta decisión? Como comentó el fiscal, a diferencia del cumpleaños del aparcero, en este evento no encontraron la presencia de bebidas alcohólicas, ni de música, ni luces que hicieran ver que era una fiesta.
El único límite que sobrepasaron era el límite de personas: eran 12, cuatro más de lo permitido. “Pero la mayoría eran familiares y unos pocos compañeros de trabajo. No podía encuadrarlo como fiesta clandestina por eso nada más. Estamos tratando de no saturar el sistema y esto me parecía que no tenía la suficiente entidad”, dijo el fiscal.
Si creyó que podría ser una falta contravencional pero son los propios policías los que deberían haberse comunicado con la Justicia de Faltas y consultar si se trataba de una contravención. Lo que sí, el fiscal Grassi ordenó realizar un acta donde se nombrara a los que eran policías, a los efectos de que los investigará la Subsecretaría de Inspección y de Control de Gestión de la Seguridad Pública.
