Sin el apoyo del giojismo y de la oposición, y con 23 votos a favor, el uñaquismo logró la aprobación del mecanismo que autoriza al Estado a pagar diferencias de precios a las empresas surgidas por inflación.
En la mañana del jueves último, en la Legislatura Provincial y a pesar de las críticas de la oposición y el propio giojismo, los diputados aprobaron la ley de emergencia en la obra pública, cuyo proyecto había enviado al recinto el gobernador Sergio Uñac. La norma tiene la finalidad de actualizar los montos de la construcción pública, con el fin de que las obras sigan adelante y los puestos de trabajo, activos, de acuerdo a los argumentos del oficialismo.
La ley establece que, el Ejecutivo afrontará con recursos propios los desfasajes que se han producido entre los montos de los contratos y el avance de la inflación, diferencia que no es cubierta por el mecanismo de redeterminación de precios.
En la Legislatura, la norma fue aprobada por mayoría, con 23 votos a favor y 11 en contra. Obtuvo el rechazo de la oposición legislativa y de los tres diputados que responden al exgobernador José Luis Gioja. En Juntos por el Cambio plantearon distintas dudas, como por ejemplo cuál es el monto al que va a tener que hacer frente la Provincia, y en el giojismo que temían que, con un nuevo valor de obra, más alto que el de adjudicación, empresas que quedaron afuera de dichas licitaciones planteen reclamos por cambios en la reglas de juego.
Según la administración provincial, la medida tiene como objetivo no poner en riesgo los casi 12 mil puestos de trabajo registrados en la construcción en San Juan.
Al respecto, previo a la presentación del proyecto que fue tratado en comisión y luego pasó al recinto para su tratamiento y valoración, la escalada inflacionaria ha «puesto en peligro que, en dos meses, todas las obras se nos vayan a pique, se paren», resaltó el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino.
Con esta nueva normativa, la gestión uñaquista compensará los desfasajes producidos tanto en la obra pública provincial y nacional, que comprenden viviendas, escuelas, vialidad (rutas y caminos), saneamiento (agua y cloacas) y otras emblemáticas, como el velódromo, el penal de Ullum, hospitales y el Dique El Tambolar.
¿Qué dijeron los principales actores de cada bloque?
«Somos consientes de la grave situación en la que se encuentra la provincia, hemos pedido información para acompañar el proyecto pero deja muchas dudas, no da detalles de las obras comprendidas», dijo el macrista Enzo Cornejo, quien hizo hincapié además sobre las dudas respecto del proyecto y pidió que vuelva a comisión para seguir estudiándolo. Esta moción fue rechazada.
Por su parte, desde Producción y Trabajo, Sergio Miodoswky dijo que dado que no había prosperado el reenvío a comisión, el voto del bloque Juntos por el Cambio sería en contra.
El peronista Cabello esbozó una encendida defensa y advirtió sobre más de 8.000 puestos de trabajo en riesgo. Remarcó que «es una ley que quizá pueda verse con algunos grises, pero que la provincia tiene equilibrada sus cuentas, lo que está mal es la obra pública». Instó a salir a sostener los empleos.
«La obra pública tiene gran importancia en nuestro presupuesto y sienta precedentes en todo el país», argumentó a su turno el oficialista Rodolfo Jalife. Tomó la posta de Cabello para explicar detalles y rebatir algunos cuestionamientos de los de Juntos por el Cambio. Sostuvo que la nueva linea de base tendrá un tope de 20 y 30 por ciento dependiendo del caso, desde una fecha de corte hasta la finalización de la obra. Remarcó que está la garantía de que esa línea de base sera pactada legalmente. También, que se respetan los principios de esfuerzo compartido y de mantenimiento del contrato. «Acá no hay letra chica, se faculta a un nuevo método de redeterminación de precios y puede ser útil a nivel nacional porque la situación es la misma es todo el país», sentenció. Jalife puso énfasis en que en el procedimiento interviene Hacienda, que verificará la disponibilidad financiera y factibilidad de revisar los contratos. Así, destacó, también se asegura el proceso de control interno y externo, sumando al Tribunal de Cuentas inclusive y la Cámara de Diputados. Además existe una comisión de seguimiento que puede pedir informes, afirmó. El legislador dijo que la herramienta abarca a todas las obras en ejecución o en vías de realización. El Ministerio de Hacienda verá la factibilidad y el Ejecutivo dispondrá vía reglamentaria cómo se implementará, pero se presupone que será primero con las obras que implican mayor cantidad de trabajadores. «La ley tiene todas las garantías y la necesita urgente San Juan por la importancia de la obra pública en la provincia», dijo y recibió un aplauso de sus compañeros de bloque.
También dio sus argumentos el bloquista y socio del PJ, Edgardo Sancassani. «Propusimos cambios al proyecto original y pedimos tiempo para empezar a trabajar. La ley era genérica y no había topes. Se cambió la mitad de los artículos», sostuvo.
Por la oposición habló Nancy Picón y dijo que la ley no puede tener dudas, debe ser clara. Y tenemos más dudas que certezas». Ahondó diciendo que «pido que tengamos a partir de ahora mas respeto. Por pensar distinto no somos necios. Me parece una falta de respeto que aplaudan cuando un diputado habla de necedad y como si estuviéramos en una cancha. Háganse cargo, no todos los males los trajo Macri».
La diputada oficialista Florencia Peñaloza le salió al cruce a la macrista. Le endilgó que no podía hablar de falta de respeto por aplaudir cuando la oposición empapeló el recinto en contra de la ley de lemas.
El último en exponer fue el presidente del bloque uñaquista, Juan Carlos Abarca. «Hemos cambiado más del 50% del proyecto. Se establece que si la ministra de Economía no lo aprueba no se hace nada. La obra pública tiene gran necesidad de seguir adelante, porque cada empresa tiene gran cantidad de empleados adentro», remarcó.
Tras un acalorado debate, finalmente se aprobó el proyecto de ley de Emergencia en la Obra Pública.
Fuentes: Diario de Cuyo y Tiempo de San Juan.
